El pasado viernes el Ministerio de Sanidad abrió a consulta pública el Real Decreto sobre el título de Especialista en Urgencias. A través de este mecanismo, Sanidad puede recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones o asociaciones para conocer sus aportaciones sobre determinados asuntos sanitarios. Pero este no ha sido el único decreto que se ha abierto a consulta pública este año. De hecho, en total han sido siete los proyectos que se han puesto a disposición de la ciudadanía en este 2023.
El más reciente de todos ellos ha sido el Proyecto de Real Decreto por el que se modificaban algunos aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. Concretamente, con este RD se incorporan tres modificaciones. Primero se define el término “producto de tabaco calentado”, que sería un derivado del tabaco que se calienta para producir una emisión que contiene nicotina y otras sustancias químicas”.
También se incluye la prohibición de utilizar aromatizante y se modifican las exigencias en el etiquetado de citado tabaco calentado. Esta modificación estaba incluida en el plan anual normativo del Ministerio de Sanidad para 2022 y, finalizado el plazo de audiencia pública, según el propio texto, entrará en vigor el 23 de octubre de 2023.
El más reciente de todos ellos ha sido el Proyecto de Real Decreto por el que se modificaban algunos aspectos relativos al tabaco
Igualmente, el pasado mes de junio finalizaba el plazo de audiencia pública para el Real Decreto sobre los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. El texto establecía concretamente los requisitos a cumplir por cualquier instalación que utilice agua en su funcionamiento y produzca aerosoles que puedan suponer un riesgo para la salud.
En este caso se hacían veinticuatro modificaciones con respecto al anterior RD. Entre ellas, destacan las relativas al programa de muestreo y análisis del agua, los Planes de control frente a Legionella o la protección de los operarios de las empresas. Este RD todavía no se ha publicado en el BOE, por lo que aún no ha entrado en vigor.
En abril de este año también finalizó el plazo de aportaciones relativas al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. En este caso se regulaban las garantías sanitarias, las licencias para las instalaciones, las pruebas genéticas para diagnóstico in vitro, los laboratorios de referencia, la comercialización de los productos o el control y la vigilancia, entre otros. Al igual que en el anterior caso, este RD todavía estaría pendiente de aprobarse y publicarse en el BOE.
Otro de los asuntos que se abrieron a consulta pública fue el proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública
Otro de los asuntos que se abrieron a consulta pública fue el proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, cuya tramitación está actualmente paralizada. Este RD suponía la creación y regulación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública y de sus Laboratorios Nacionales de Referencia. La creación de esta red iría a la par que la de la Agencia Estatal de Salud Pública, y su objetivo sería el de llevar a cabo las “intervenciones destinadas a prevenir la enfermedad así como proteger, promover y recuperar la salud de las personas”.
En febrero también finalizó el plazo de audiencia pública para las aportaciones sobre el programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos de acreditación de las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria. Este programa todavía seguía pendiente de aprobación y, de hecho, se ha vuelto a incluir en la consulta que se abrió este viernes.
Finalmente, el último asunto que se abrió a consulta pública y que finalizaba en enero, es el proyecto de Orden por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación. La regulación de estas sustancias viene motivada por la necesidad de “adecuarse a la cambiante situación del tráfico ilícito de drogas y con la finalidad de hacer frente a los retos cada vez mayores que plantean el tráfico y el consumo de nuevas sustancias psicoactivas, mejorar el control sobre la circulación de estas sustancias y contribuir a su prevención y represión”.