Francia ha dado un gran paso en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Y es que, este lunes, se ha convertido en el primer país del mundo en incluir el derecho el aborto en la Constitución. Concretamente, y con 267 votos a favor y 50 votos en contra, el Senado francés aprobaba la semana pasada este proyecto de ley constitucional. Finalmente, ayer lunes, se adoptó definitivamente por el Congreso, por 780 votos a favor y 72 en contra.
Según se ha explicado desde el propio Ejecutivo galo, este derecho ha sido recientemente cuestionado en Estados Unidos y en la propia Unión Europea, en la que “ciertos movimientos pretenden restringir el derecho al aborto y a la anticoncepción”. Es por ello que el Presidente de la República, Emmanuel Macron, expresó el deseo de incluir en la Constitución la libertad de la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. De esta manera, tanto el Senado como el Congreso han aprobado este Proyecto de Ley constitucional.
Un derecho que, en Francia, se remonta al año 1975, diez años antes que en España. En nuestro caso, la despenanilización llegaría en el año 1985, pero sólo en algunos casos muy concretos. Así, sólo se permitía abortar a las mujeres que habían sufrido una violación, a las que presentaran casos de malformación en el feto, o a aquellas cuyo embarazo supusiera un riesgo grave para su salud física o psicológica.
Un derecho que, en Francia, se remonta al año 1975, diez años antes que en España
Paralelamente, desde la ley “Veil” francesa de mediados de los 70, y que fue ratificada en el 79, Francia ha ido incorporando también nuevos derechos en su ley del aborto. En 1982 se estableció la cobertura por parte del Estado de los gastos incurridos por el Seguro de Salud en el caso de interrupción. En el 93 quedó además tipificado el delito de obstrucción a la interrupción voluntaria del embarazo.
Algunos años después, en el 2010 España aprueba la ley del aborto legal sin limitaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con esta modificación, ya se podría interrumpir un embarazado de forma voluntaria y sin tener que justificarlo hasta la semana 14 de gestación. En el supuesto de que la vida del feto o de la madre corriese peligro, se amplía el plazo hasta la semana 22. Sin embargo, para las adolescentes menores de 15 años, se exige la aprobación de los padres.
Entretanto, en Francia se habían alcanzado también otros derechos. Por ejemplo, en el 2001 se amplió el período legal del aborto de las 10 a las 12 semanas de embarazo. Y en el 2012, se aprueba la cobertura del 100% de los abortos por parte del Seguro de Salud. En el 2016, Francia autoriza los abortos con medicamentos y elimina el período de reflexión de siete días. Fue ya en el 2022, hace tan sólo dos años, cuando las semanas se equipararon a las de España, llegando a las 14 semanas de gestación.
En nuestro país, tras la ley de Zapatero, llegó en el 2023 la reforma de la ley del aborto
En nuestro país, tras la ley de Zapatero, llegó en el 2023 la reforma de la ley del aborto. Así, se incluía que cualquier mujer podrá interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años sin consentimiento, y que ya no serán necesarios los 3 días de reflexión para realizar un aborto. Pese a ello, todavía siguen existiendo algunas inequidades entre las comunidades y la objeción de conciencia de los profesionales continúa siendo un debate.
El caso concreto de las menores en Francia, no necesitan autorización paterna para que se les practique una interrupción voluntaria del embarazo, pero sí deben estar acompañadas de un adulto de su elección en el proceso, aunque no tiene que ser un familiar. Además el procedimiento está totalmente cubierto por la administración, es decir, es gratuito, y se preserva el total anonimato de la joven. Igualmente, todas las mujeres que lo deseen pueden beneficiarse de un aborto en Francia, no es necesario tener la nacionalidad francesa, según se explica desde el Ejecutivo.
Así, y pese a que el recorrido histórico del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido algo distinta en ambos países, tanto España como Francia garantizan este derecho en la actualidad. Nuestro país, no obstante, no ha incluido este derecho en su Carta Magna, al igual que ningún otro país del mundo excepto nuestros vecinos franceses.