El Gobierno aprueba la nueva Ley del aborto que blinda su práctica en la sanidad pública

La norma recupera el acceso al aborto de las menores de 16 y 17 años, sin necesidad del permiso de sus tutores legales, e incorpora la gratuidad a productos para la salud menstrual o los permisos por regla dolorosa.

Irene Montero, ministra de Igualdad (Foto: Pool Moncloa / Javier de Amescua)
30 agosto 2022 | 12:25 h

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley del abortoen segunda vuelta, texto que supone una modificación de la normativa vigente y que introduce cambios legales relevantes para el propio proceso de interrupción voluntaria del embarazo así como en cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres o con aspectoslaborales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la ministra de Igualdad, IreneMontero, ha defendido que se trata de una norma que “garantiza el acceso efectivo al aborto” tomando a la red sanitaria pública “como referencia” con el fin de “acabar con los obstáculos que se están produciendo” a este derecho.

Montero agradece el trabajo realizado también por el Ministerio de Sanidad, “con quien hemos negociado el grueso de la reforma”

Por una parte, la nueva ley recupera el acceso al derecho al aborto de las menores de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad sin necesidad de permiso o autorización de los tutores legales, actuación que ya recogía la ley original del 2010. En esta línea, se eliminarán los 3 días de reflexión antes establecidos y la información obligatoria o “sobre” que se entregaba. Así, Montero ha subrayado que “el Estado no duda de su decisión”.

La ministra de Igualdad ha agradecido el trabajo realizado también por el Ministerio de Sanidad, “con quien hemos negociado el grueso de la reforma”, así como los ministerios de Educación, Inclusión, Hacienda o Justicia. También ha mencionado al Instituto de las Mujeres, al movimiento feminista, a las comunidades autónomas y a otros organismo del Estado por “haber mejorado la norma”.

ACCESO DESDE LO PÚBLICO E INCAPACIDAD TEMPORAL

Mientras, Montero ha apuntado que “la red pública será la de referencia” a la hora de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, de forma que “podrán hacerlo en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio” incluso si pertenece a otra región. De esta forma, ha sostenido que se hará compatible que “siempre haya profesionales disponibles para practicarlo” con el "derecho individual constitucional del personal sanitario a la objeción de conciencia".

Los centros hospitalarios o especializados que practiquen el aborto deberán contar tanto con el método quirúrgico como con el farmacológico "para que la mujer elija"

Por otro lado, se facilitará la incapacidad temporal a las mujeres “para recuperarse de estas intervenciones” y se garantizará la disponibilidad de la píldora del día después “en los centros de salud o de atención especializada y en las farmacias”.

También regulará esta ley que las mujeres tengan un permiso de incapacidad temporal preparto desde la semana 39, “que no restará tiempo del permiso de maternidad”, de forma que podrá beneficiarse de “un acompañamiento durante el embarazo y el parto”.

Junto a ello, se elaborará un “protocolo común de actuaciones para garantizar un parto respetado en todos los hospitales” de manera que los abortos serán tratados como procedimiento de urgencia y cada centro deberá contar tanto con el método quirúrgico como el farmacológico "para que la mujer elija".

EDUCACIÓN SEXUAL “PARA TODA LA VIDA”

Otra base importante de actuaciones de la ley será lo relativo a la educación y a la salud sexual y reproductiva. Según ha destacado Montero, esta “formará parte de la vida de las niñas y adolescentes a lo largo de toda la vida” ya que será obligatoria en todas las etapas de la vida.

Se ayudará al alumnado a "prevenir infecciones de transmisión sexual, conocer los diferentes anticonceptivos e implicar a mujeres  y hombres a hacerlo o legitimar la diversidad sexual y afectiva"

El propósito es que sea el Estado “con mecanismos especializados” el que garantice que los primeros aprendizajes sobre sexualidad sean acompañados desde las instituciones y no tengan que recurrir a métodos como “el porno”. Así, se ayudará al conjunto del alumnado a “conocer nuestros cuerpos, legitimar la diversidad sexual y afectiva, conocer los diferentes anticonceptivos e implicar a mujer y hombres a hacerlo, combatir prácticas machistas como la retirada del condón sin consentimiento, a prevenir infecciones de transmisión sexual o hablar de la salud menstrual”.

También se distribuirán en los centros sociales y penitenciarios los principales métodos anticonceptivos, apostando especialmente por “aquellos de última generalización”. Del mismo modo, se apostará por “la corresponsabilidad” impulsando el desarrollo de la anticoncepción hormonal masculina y “ampliando la financiación de los anticonceptivos”.

SALUD MENSTRUAL Y “EXPLOTACIÓN REPRODUCTIVA”

Otro derecho que incluye el anteproyecto de ley es la regulación “por primera vez en Europa” de la incapacidad temporal pagada por el Estado “por cuadros médicos que se deriven de reglasincapacitantes”. Según ha defendido la ministra de Igualdad, “la regla dejará de ser un tabú” y formará parte “del derecho a la salud de las mujeres”.

La gestación subrogada queda definida como “una forma de violencia contra las mujeres” como la esterilización forzada o el aborto forzado

De igual modo, la norma define como “una forma de violencia contra las mujeres” prácticas como la “explotación reproductiva”, la gestación por sustitución o subrogada. De forma concreta, “prohibimos la publicidad de las agencias de intermediación” y se realizarán “que refuercen la ilegalidad de estas prácticas”.

Supone, según añade el Ministerio de Igualdad, “la ratificación del Convenio de Estambul, por el que nuestro país se obliga a dar respuesta a todas las formas de violencia recogidas en este tratado, entre ellas algunas más ligadas a los derechos reproductivos, como la esterilización forzada, la anticoncepción forzada, el aborto forzado y el embarazo forzado, como formas de violencia contra las mujeres”.

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