El Consejo de Ministros aprobará este martes en segunda vuelta la reforma de la Ley del aborto. Tras su presentación oficial en mayo, el Ministerio de Igualdad ha solicitado todos los trámites por la vía de urgencia, por lo que la “voluntad” del organismo que lidera IreneMontero es que la nueva norma “sea una realidad a finales de año”.
Asimismo lo ha compartido este lunes la ministra de Igualdad en declaraciones al programa La Cafetera, de Radiocable, donde ha compartido esta pretensión en el trámiteparlamentario que se va a iniciar próximamente. No obstante, ha advertido de que esta circunstancia “no depende solo de mí”. En todo caso, ha asegurado que “trabajaremos con los grupos parlamentarios” para “intentarlo”.
La ministra de Igualdad defienfe que "trabajaremos con los grupos parlamentarios" para que se agilice el trámite en las Cortes aunque advierte de que "no depende solo de mí"
Durante su intervención, Montero ha defendido que “es muyurgente para nuestro país garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres a la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo, hacer todas las modificaciones que tienen que ver con el derecho al aborto, y también para los derechos sexuales y reproductivos”.
A pesar de este optimismo de Igualdad, una vez llegue el texto definitivo a las Cortes Generales se espera un intensodebate parlamentario, al menos al mismo nivel que el que ha tenido la recién aprobada Ley del ‘solo sí es sí’. En este sentido, y debido a su manifiesta oposición, es muy probable que Partido Popular y Vox presenten enmiendas a la totalidad.
Junto a ello, hay que sumar la circunstancia de que el Gobierno aún espera el pronunciamiento del TribunalConstitucional (TC) al recurso interpuesto por el PP a la Ley del aborto del 2010. De ahí, entre otras razones, el desencuentro entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PP por renovar los órganos que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lograr mayorías ideológicas en cada uno de ellos.
MENORES DE 17 AÑOS, REFLEXIÓN E INCAPACIDAD TEMPORAL
El principal cambio que introduce esta reforma legislativa es recuperar el acceso al derecho al aborto de las menores de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad sin necesidad de permiso o autorización de los tutores legales, actuación que ya recogía la ley original del 2010 pero que fue eliminada por anteriores Gobiernos del PP.
“La gran mayoría de mujeres podrán seguir confiando en sus familias y amigos cuando afronten un aborto si lo desean, pero la decisión será suya y el Estado lo respetará”, destacó Montero tras presentar el texto en mayo.
El texto propuesto incluye la eliminación de los tres días de reflexión antes fijados y un permiso de incapacidad temporal para ayudar a "recuperarse" a las mujeres que se intervengan
Por otro lado, se eliminarán los 3 días de reflexión antes establecidos y la información obligatoria que se entregaba de forma que las mujeres “podrán pensarlo el tiempo que necesiten”, subrayando a que el Estado “no dudará de ellas”. Además, se facilitará la incapacidad temporal a las mujeres “para recuperarse de estas intervenciones” y se garantizará la disponibilidad de la píldora del día después “en los centros de salud o de atención especializada y en las farmacias”.
La ley también regulará que las mujeres tengan un permiso de incapacidadtemporal preparto desde la semana 39, de forma que pueda beneficiarse de “un acompañamiento durante el embarazo y el parto”. Junto a ello, se elaborará un “protocolo común de actuaciones para garantizar un parto respetado en todos los hospitales” de manera que los abortos serán tratados como procedimiento de urgencia y cada centro deberá contar tanto con el método quirúrgico como el farmacológico "para que la mujer elija".
EN CENTROS PÚBLICOS Y CON OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Otro de los pilares es garantizar que estas prácticas se produzcan en centros sanitarios públicos. La ministra apuntó que “la red pública será la de referencia” a la hora de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, de forma que “podrán hacerlo en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio” incluso si pertenece a otra región. Mientras, “excepcionalmente” se podrán realizar en centros privados.
La ley recoge la delegación de Igualdad en las comunidades autónomas para que se garantice la prestación del aborto en la sanidad pública y para crear los registros de objetores
Pese a ello, la ley recoge la delegación de Igualdad en las comunidades autónomas para que se garantice la prestación del aborto en la sanidad pública. Aunque se busca que haya “condiciones de igualdad efectiva”, también se indica que serán los servicios de salud los que establecerán “los mecanismos necesarios de canalización y remisión de las usuarias que lo precisen al centro o servicio autorizado para este procedimiento” en caso de que no lo puedan hacer en su ámbito geográfico.
De forma paralela, la futura norma garantizará el derecho a la objeción de conciencia. Sobre ello, Irene Montero defendió que será compatible que “siempre haya profesionales disponibles para practicarlo” con el "derecho individual constitucional del personal sanitario a la objeción de conciencia".
En todo caso, no se menciona la creación de ningún registro estatal de sanitarios objetores. En su lugar, la ley propuesta por el Gobierno apunta que “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma un registro de personas sanitarias que decidan objetar de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”.
SALUD E HIGIENE MENSTRUAL
Otro derecho que incluye la ley es la regulación “por primera vez en Europa” de la incapacidad temporal pagada por el Estado “para reglas dolorosas e incapacitantes”. Según defendió la ministra de Igualdad, “la regla dejará de ser un tabú” y formará parte “del derecho a la salud de las mujeres”.
La norma facilitará el reparto gratuito de productos de higiene menstrual en escuelas, centros penitenciarios o centros ligados a servicios sociales
En concreto, será “un permiso especial” que “no requerirá días previos de cotización”. Además, se ha referido a que debido a que “la mayoría de veces” las reglas dolorosas están ligadas a patologías previas como la endometriosis o los ovarios poliquísticos, lo que ha se hecho es “glosar” estas enfermedades para poder acceder al permiso. Este, precisamente, es el único punto sobre el que duda el Consejo Económico y Social (CES). En su dictamen sobre la ley, mostró sus “dudas” sobre el diseño jurídico de este permiso.
Junto a ello, se repartirán de forma gratuita productos de higiene menstrual “en las escuelas, en centros penitenciarios o centros ligados a servicios sociales”. Mientras, para el resto de la población no se contempla, por ahora, la llamada ‘tasarosa’ o la rebaja del IVA a estos productos. El objetivo de Montero es que esta medida se incorpore en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
EDUCACIÓN SEXUAL
También serán “muy importantes” las actuaciones relativas a la educación y a la salud sexual y reproductiva. Según avanzó Montero, esta “formará parte de la vida de las niñas y adolescentes a lo largo de toda la vida” ya que será obligatoria en todas las etapas de la vida. Al mismo tiempo, se incidirá en la población mayor de 45 años, mediante “servicios públicos de asistencia materia de derechos sexuales y reproductivos y con acceso telefónico”.