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proposición de ley orgánica

La ley del PSOE sobre la eutanasia: segunda opinión, despenalización y objeción

El grupo socialista ha registrado su Proposición de Ley Orgánica de la eutanasia, como "cumplimiento a una promesa electoral y a una resolución del Congreso Federal".

Andrés Perelló y Luisa Carcedo, en la presentación de su Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia
Andrés Perelló y Luisa Carcedo, en la presentación de su Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia

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03.05.2018 - 13:00

El PSOE ha decidido este jueves registrar en el Congreso de los Diputados su Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, como "cumplimiento a una promesa electoral y a una resolución del Congreso Federal". Así ha sido presentada hoy en la sede del partido por Luisa Carcedo, secretaria de Sanidad, y Andrés Perelló, secretario de Justicia, libertades y nuevos derechos.

Con esta iniciativa, la formación socialista quiere despenalizar la eutanasia a través de la modificación del artículo 143.4 del Código Penal. Además, recogen la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios y  plantean que la regulación de este derecho quede recogido como una prestación más en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

El paciente deberá solicitar la ayuda para morir a un profesional médico, la cuál deberá repetirse "al menos en una ocasión" y sin que sea resultado "de una presión externa"

Para que a una persona se le pueda practicar la eutanasia, se han de cumplir dos supuestos, según la ley que propone el PSOE: que el paciente sufra "una enfermedad grave e incurable" o "una discapacidad grave crónica", las cuáles puedan suponerle unos sufrimientos físicos o psíquicos "insoportables" o que les encamine a una invalidez "generalizada" y a una pérdida de la autonomía personal. 

Cumplido alguno de estos supuestos, el paciente (mayor de edad, con nacionalidad española o residencia legal en España y siendo "capaz y consciente") deberá solicitar la ayuda para morir a un profesional médico. Además, esta solicitud debe repetirse "al menos en una ocasión con una separación de quince días naturales" y que no sea resultado "de una presión externa".

PSOE eutanasia

A continuación, el profesional de Medicina deberá consultar sobre este asunto a otro facultativo y, tras redactar un informe, éste será remitido a una Comisión de Evaluación y Control que será creada en cada una de las comunidades autónomas, órgano que garantizará el proceso "antes y después". Según Luisa Carcedo, el procedimiento completo "no podrá durar menos de 32 días".

MUERTE DIGA Y EUTANASIA, "CUESTIONES DIFERENTES"

Durante la presentación, los dirigentes socialistas se han pronunciado sobre otras iniciativas parlamentarias relacionadas. Por ejemplo, sobre la que llevará el Parlament de Cataluña al Congreso la próxima semana, Carcedo ha puntualizado que “se limita” a la despenalización y que no recoge aspectos que sí regula la suya. A pesar de ello, desde el PSOE indican que “intentará que confluyan las dos leyes en la tramitación, con una única ponencia porque se complementan”.

Carcedo insiste en que "el Estado no puede mirar hacia otro lado" ya que "un alto porcentaje de la sociedad española pide que hay que regular la eutanasia"

Asimismo, se ha referido a la ley que presentó Ciudadanos sobre muerte digna y a la negativa a apoyar la de Unidos Podemos sobre la eutanasia. Sobre la primera, la responsable socialista de Sanidad ha señalado que “la apoyamos” y que están “participando” en la ponencia. Sin embargo, ha insistido en que muerte digna y eutanasia son “cuestiones bien diferentes”.

La de la formación naranja, aclara Luisa Carcedo, no afecta al Código Penal. Regula la “atención en condiciones de dignidad, la no obstinación terapéutica, respetando la voluntad del paciente y asegurando de manera homogénea los cuidados paliativos en todas las comunidades”. Y sobre la de Podemos, considera que no era apropiado presentarla “como enmienda a la de muerte digna”. Aún así, opina que “no rivalizamos con nadie” para su regulación y que “el Estado no puede mirar para otro lado” debido a que la sociedad española “en un alto porcentaje” pide que “hay que regularla”.

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