La Asociación Red Nacional de Infértiles (RNI) ha presentado en el Congreso de los Diputados un decálogo de medidas que garantice su "derecho a una sanidad de calidad".
El primer punto del decálogo hace referencia a la desigualdad de acceso a los tratamientos de fertilidad públicos en todo el territorio español. "Es inconcebible que dependiendo en la comunidad autónoma en la que vivas tengas unos derechos u otros con respecto a tu tratamiento. Pedimos un acceso universal y un condicionado que amplíe las miras, teniendo en cuenta la prevalencia de nuestra enfermedad", ha señalado la presidenta de RNI, Helena Fernández.
"En Andalucía o Canarias, las pacientes que realizan tratamientos de Fecundación In Vitro tienen que pasar por la extracción de óvulos sin anestesia, produciendo en algunas de ellas desmayos derivados del dolor que supone el proceso. Desde la asociación nos hemos puesto en contacto con las autoridades políticas de estas comunidades y, aunque hemos recibido acuse y voluntad, no hay fechas ni soluciones encima de la mesa", ha afirmado la presidenta.
En Andalucía o Canarias, las pacientes que realizan tratamientos de Fecundación In Vitro tienen que pasar por la extracción de óvulos sin anestesia, produciendo en algunas de ellas desmayos
Desde la RNI han recordado que, a pesar de que la infertilidad es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que la misma autoridad sanitaria ha advertido recientemente que la enfermedad se está expandiendo rápidamente por todo el mundo, los planes de prevención son prácticamente inexistentes y los tratamientos muy limitados.
"La infertilidad afecta a 1 de cada 5 personas en España, somos casi un millón de parejas con problemas reproductivos, por lo que solicitamos como asociación los mismos derechos sobre el tratamiento de nuestra enfermedad que tienen otros pacientes en otras áreas", ha subrayado Fernández.
En el decálogo también se plantea "revisar la edad límite de acceso y número de intentos a los tratamientos de fertilidad, en el servicio público de salud, y aumentarla tanto como se pueda". Además, en el punto número tres exigen "la reducción de las listas de espera y la subvención, en los tratamientos privados, de la medicación necesaria para que los pacientes puedan iniciar de forma más rápida y asequible".
Durante la jornada 'La infertilidad, un reto de Estado para los próximos años', también se ha tratado la posibilidad de ampliar el acceso a los tratamientos de fertilidad públicos. La RNI tomará como referencia a la Comunidad de Madrid, que ha dado algunos pasos en este ámbito, y planteará la posibilidad de que se incluya la ovodonación al igual que ya existe la donación de semen en el sistema público.
La infertilidad afecta a 1 de cada 5 personas en España, somos casi un millón de parejas con problemas reproductivos, por lo que solicitamos como asociación los mismos derechos sobre el tratamiento de nuestra enfermedad que tienen otros pacientes
"La incorporación del tratamiento de fecundación 'in vitro' con óvulos donados permitiría aumentar la edad de acceso sin mermar el éxito del tratamiento que es uno de los criterios de admisión actualmente en la Seguridad Social. Si esta ampliación se llevase a cabo y se aumentaran los recursos para poder hacer más tratamientos anualmente, la lista de espera se reduciría y el número de pacientes se ampliaría, dando cobertura a muchas más mujeres y parejas con problemas reproductivos", ha propuesto la presidenta de RNI.
Actualmente se estima que el 30% de los tratamientos de reproducción asistida se hacen en los servicios públicos, todos ellos inseminaciones artificiales y fecundaciones 'in vitro' con óvulos propios.
La jornada ha sido organizada por RNI y ha reunido a otras asociaciones de pacientes como la Asociación de Afectadas de Endometriosis (ADAEC) o la Federación Española de Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal (FEDUP), además de a asociaciones científicas como la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) o la Asociación Española de Biología de la Reproducción (ASEBIR) y a los portavoces de la Comisión de Sanidad de los partidos políticos.