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CALIFICADAS DE NUEVO POR EL CONGRESO

La “enésima” oportunidad para las leyes de eutanasia, amianto o enfermería

El Congreso de los Diputados ha vuelto a calificar las leyes autonómicas para despenalizar la eutanasia, crear un fondo para las víctimas del amianto, y la ILP de Satse para establecer un ratio de pacientes para los profesionales de Enfermería.

Pleno del Congreso de los Diputados tras su constitución a principios de diciembre (Foto: Congreso de los Diputados)
Pleno del Congreso de los Diputados tras su constitución a principios de diciembre (Foto: Congreso de los Diputados)

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17.12.2019 - 00:00

La falta de acuerdos entre partidos políticos ha tenido como consecuencias la repetición electoral y con ella la paralización de todas las propuestas políticas que se presentaron tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado en anteriores legislaturas y que no fueron aprobadas finalmente. Entre la multitud de iniciativas registradas, destacan las relacionadas con el ámbito sanitario.

Aquellas que fueron presentadas por los partidos políticos decayeron al convocarse nuevos comicios. Sin embargo, las proposiciones de ley relacionadas con la sanidad que fueron impulsadas por los parlamentos de varias comunidades autónomas y las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por varios colectivos sociales se trasladaron a la próxima legislatura.

El Parlamento vasco propuso crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto; desde Cataluña impulsaron la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio

Así, tras darse ésta por iniciada, estas propuestas sanitarias han vuelto a ser calificadas por el Congreso de los Diputados y tendrán una nueva oportunidad para ser aprobadas, a la espera que vuelva la actividad al pleno y se constituya un Gobierno. En concreto, se tratan de tres proposiciones autonómicas (País Vasco, Asturias y Cataluña), una ILP del Sindicato de Enfermería (Satse) y una del exdiputado de UPN, Íñigo Jesús Alli.

TRES LEYES AUTONÓMICAS

Desde el Parlamento vasco llega de nuevo la Proposición de ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. A través de este mecanismo, para su implantación a nivel estatal, se prevé lograr “la reparación íntegra” de los perjuicios de las personas que tienen reconocida una enfermedad profesional ocasionada por el amianto y de aquellas que hayan padecido algún perjuicio resultante de una exposición a este componente.

Por su parte, la Junta General del Principado de Asturias lleva a la Cámara Baja una Proposición de ley de Universalización del Derecho a la Asistencia Sanitaria Pública. Esta iniciativa modifica la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003, el RD 16/2012 y la norma sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social del 2000.

Tras lograr más de 660.000 firmas, Satse registró la ILP que prevé una ratio de pacientes por cada profesional de Enfermería y equiparar a España a la media de la UE

Mientras, desde el Parlamento de Cataluña llega la iniciativa que prevé reformar el Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio. Esta propuesta normativa ya fue admitida a trámite en mayo de 2018 tras ser debatida en el pleno del Congreso de los Diputados.

ENFERMERÍA Y GENÉRICOS

También se mantiene en la Cámara Baja la ILP impulsada por Satse sobre “ratios enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos”. Tras lograr más de 660.000 firmas, el Sindicato de Enfermería presentó esta iniciativa con la que espera establecer una ratio de pacientes por cada profesional de Enfermería y se equipare al menos a la media de la Unión Europea.

Finalmente, vuelve también al Congreso la propuesta de impulso a los medicamentos genéricos que modificaba los artículos 87, 89 y 98 del Real Decreto-Ley 1/2015, de 24 de julio, que refundía la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y que proponían que este tipo de fármacos “continúen siendo herramientas clave en la sostenibilidad de la prestación farmacéutica”.

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