La titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) relativo al año 2022. Dentro de las partidas sanitarias, el Gobierno prevé invertir 173 millones para el Marco Estratégico de Atención Primaria, 44 millones para ampliar el servicio de salud bucodental o 30 millones para el plan de salud mental.
Por su trascendencia social, una de las partidas más esperadas era la destinada al mutualismo administrativo. Las entidades MUFACE, ISFAS y MUGEJU gestionan la prestación de asistencia sanitaria, fundamentalmente, a través de conciertos con entidades de seguro libre, y también con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para aquellos beneficiarios que elijan esta opción. Además de la prestación de asistencia sanitaria propiamente dicha, se recogen los créditos para la prestación farmacéutica y las prestaciones complementarias de las que son igualmente beneficiarios estos colectivos.
"El incremento en el mutualismo administrativo responde a la evolución del colectivo protegido y a los nuevos conciertos para el periodo 2022-2024, que incluyen incrementos significativos de la prima fija por titular al objeto de mantener los estándares de calidad de la prestación y dar cobertura a nuevas prestaciones que se incorporan en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud"
Las entidades que conforman el mutualismo administrativo absorben el volumen más importante de recursos de la política asignando a la asistencia sanitaria de su colectivo un total de 2.425 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al año anterior. Este incremento, señalan desde el Ejecutivo, "responde a la evolución del colectivo protegido y a los nuevos conciertos para el periodo 2022-2024, que incluyen incrementos significativos de la prima fija por titular al objeto de mantener los estándares de calidad de la prestación y dar cobertura a nuevas prestaciones que se incorporan en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud".
El Ministerio de Defensa aporta, además, créditos por importe de 160 millones de euros, destinados a la financiación de la asistencia hospitalaria prestada a través de los hospitales militares y que presenta como finalidad principal el apoyo logístico sanitario que precisa el personal militar en sus despliegues en operaciones militares debidas a la pertenencia de España a la Alianza Atlántica, Unión Europea Occidental y otros organismos internacionales.
Por último, la política de Sanidad también está presente en el Sistema de Seguridad Social incrementándose un 1,7%. Las dotaciones en la política de Sanidad correspondientes al Sistema de Seguridad Social se gestionan por las del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina que prestan asistencia sanitaria en sus ámbitos de cobertura.
Los créditos encuadrados en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por importe de 309 millones de euros, destinados a la gestión, a través de las Gerencias de Atención Sanitaria respectivas, de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, del Centro Nacional de Dosimetría en Valencia y de los Servicios Centrales. El incremento de nueve millones de euros respecto a 2022 es consecuencia, principalmente, de incremento de efectivos y mejoras retributivas (carrera profesional), equipamiento informático y de comunicaciones y farmacia. Además, se incluyen 18 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia, con el fin de financiar la dotación de equipamientos del nuevo hospital de Melilla y ejecutar la construcción del nuevo edificio del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia.
El Ministerio de Defensa aporta, además, créditos por importe de 160 millones de euros, destinados a la financiación de la asistencia hospitalaria prestada a través de los hospitales militares y que presenta como finalidad principal el apoyo logístico sanitario que precisa el personal militar en sus despliegues en operaciones militares
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social asumen reglamentariamente las prestaciones sanitarias derivadas de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional sin perjuicio de las actuaciones también de índole sanitaria orientadas al control y seguimiento de las funciones asumidas en la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia. Para ello, las mutuas colaboradoras se dotan con 1.399 millones de euros.
Finalmente, el Instituto Social de la Marina gestiona las prestaciones sanitarias del colectivo integrado en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar cuyo volumen ha ido decreciendo por las transferencias a las CCAA. que han venido asumiendo sus servicios y funciones. En su programa de Medicina Marítima se recogen las actuaciones preventivo-sanitarias específicas dirigidas a los trabajadores del mar para los períodos que permanecen embarcados y precisen atención médica en alta mar o en puertos extranjeros contando para ello con dos buques sanitarios responsabilidad del Instituto Social de la Marina. Para estas actuaciones, el Instituto Social de la Marina se dota con 38 millones de euros.