La grave situación que está atravesando Nicaragua está afectando a la atención sanitaria y a los profesionales sanitarios, entre ellos, los pediatras. Ante estos hechos, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha enviado un comunicado en el que muestra su apoyo incondicional a los médicos de dicho país, “con los que nos solidarizamos completamente y mostramos nuestro total rechazo a que no puedan desarrollar el más elemental ejercicio humanitario de atender a los heridos. Los profesionales sanitarios nos debemos a la vida, a la salud, y al juramento hipocrático”, señalan.
A su vez, la AEP alerta del impacto perjudicial que tendrá el despido de pediatras nicaragüenses, “situación que ya se está produciendo en diferentes hospitales públicos del país, con la consiguiente desprotección de la población infantil, especialmente en el cuidado de los pacientes más enfermos y en lo que respecta al manejo nutricional y al tratamiento de las enfermedades infecciosas y previendo el importante problema que puede acarrear la interrupción de los programas de vacunación pediátricos”, explican.
Desde la AEP denuncian “los despidos ilegales y arbitrarios, sin aplicación de ningún artículo, que están sufriendo muchos profesionales sanitarios, así como las persecuciones y amenazas por atender a los estudiantes heridos”
Además, la sociedad científica denuncia “los despidos ilegales y arbitrarios, sin aplicación de ningún artículo, que están sufriendo muchos profesionales sanitarios, así como las persecuciones y amenazas por atender a los estudiantes heridos”.
Asimismo, en el comunicado expresan que, tal y como hizo la Federación de Sociedades Científico Médicas de España (Facme), “a la cual pertenecemos junto con otras 41 sociedades científicas, recordamos que la Resolución 2286 (2016) de la ONU, aprobada por el Consejo de Seguridad, señala que, en una situación de conflicto armado, el personal sanitario tiene el deber de prestar servicios médicos competentes con plena independencia profesional y moral. También se tendrán en cuenta las normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, según las cuales no se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme al Código Deontológico”.
Desde la AEP confían en la pronta resolución del conflicto, con la mediación de las organizaciones internacionales competentes.