Andalucía, primera CC.AA. que presenta su modelo de financiación sanitaria

La propuesta andaluza pasa por alcanzar la equidad en el acceso a la asistencia centrando el modelo “en la persona y no en los territorios”. Además, rechaza los copagos y plantea que el gasto en sanidad alcance el 7% del PIB.

Pleno del Parlamento de Andalucía.

Más de un año después de la Conferencia de Presidentes en la que se abordó la reforma del sistema de financiación autonómica, que ayudaría a una mejora del Sistema Nacional de Salud, aún se desconoce la propuesta del Gobierno central. Mientras, Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en comunicar su propuesta después de que el Parlamento andaluz aprobara este jueves un dictamen.

En este acuerdo común (respaldado por PSOE, PP, Podemos e IU), defienden que el “eje vertebrador” sobre el que se debe fundamentar el futuro modelo de financiación autonómica es el principio de equidad, en lo relativo a la prestación de los servicios públicos, como la sanidad. Este, destacan, debe “garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos a los mismos, con independencia de su lugar de residencia”.

Con su propuesta basada en el principio de equidad, Andalucía quiere evitar "que las regiones más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos fundamentales"

Para ello, apuestan por un modelo que ponga el foco “en las personas y no en los territorios” puesto que son aquellas “las que pagan impuestos y reciben los servicios públicos, nos territorios”. Con esta medida, se evitaría que las regiones más ricas “tengan más recursos para financiar sus servicios públicos” o que un ciudadano con más renta “reciba servicios en mejores condiciones que otro con menos recursos”.

‘NO’ AL COPAGO Y 7% DEL PIB PARA SANIDAD

Para conocer los principales desequilibrios, Andalucía propone una cuantificación en primer lugar de lo que cuestan los servicios públicos “en un año base” y a continuación se asignen los recursos tributarios necesarios. Sin embargo, rechaza de manera anticipada “la opción de extender la capacidad normativa de las comunidades autónomas a los mecanismos de copago”. Esto, apuntan en el dictamen, “incidiría de forma negativa en la igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales, perjudicando a los colectivos más desfavorecidos”.

El Parlamento andaluz rechaza los mecanismos de copago; propone que se recaude con el IRPF, el IVA y otros impuestos; y plantea un Fondo de Sostenibilidad para financiar la sanidad cuando no haya ingresos

En su lugar, defienden que el nuevo sistema de financiación autonómica proporcione los recursos suficientes para cubrir el coste efectivo en servicios fundamentales como la sanidad. En concreto, proponen que el gasto público social alcance el 7% del PIB en Sanidad, el 5% para Educación y el 2% para Servicios Sociales.

IMPUESTOS Y FONDO DE SOSTENIBILIDAD

Entre las propuestas que presentan los diputados andaluces, está la de financiar los servicios “con la recaudación normativa cedida a las CC.AA. por IRPF, IVA e impuestos especiales”. Y, en el caso que fuese necesario, se proporcionaría “una aportación de la Administración General del Estado para alcanzar la suficiencia financiera en servicios públicos fundamentales”.

El dictamen aprobado recoge una propuesta de "revisión vinculante" en un periodo "de 5 o 6 años" y que la financiación no tenga una vinculación finalista

De la misma manera, el modelo expuesto por Andalucía recoge una actualización anual de las necesidades de gasto en servicios como la sanidad así como la creación de un Fondo de Sostenibilidad que permita garantizar “un mínimo de prestación de estos servicios en el caso de que se vuelva a producir una bajada de los ingresos que los financian”.

REVISIÓN EN 5 O 6 AÑOS

Para evitar que pasen los años y caduque sin reformarse el próximo modelo de financiación, el dictamen propone una evaluación “independiente” de cada bloque y que no tenga vinculación finalista. Con ello reclaman que se garantice la financiación para la prestación de los servicios públicos fundamentales “en los años sucesivos y no solo en el año base”. Por último, solicitan una “revisión vinculante” en un periodo “de 5 o 6 años”.

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