La Consejería de Sanidad valenciana ha impugnado el III Convenio Colectivo de Torrevieja Salud firmado por el Comité de Empresa en junio de 2020, un año y medio antes de la reversión que llevó a cabo el Gobierno de la Comunidad Valenciana, encabezado por Ximo Puig. El mismo fue firmado mayoritariamente por los más de 1.000 trabajadores pertenecientes al hospital y al centro de salud.
Este convenio es el que ha venido estando vigente y rigiendo las condiciones laborales de los empleados de Torrevieja Salud desde que fue publicado en el BOP durante septiembre de 2020. Gracias a él se recogía una tasa de contratos indefinidos en la plantilla estructural no inferior al 93%. Sin embargo, según han apuntado desde Servimedia, fue impugnado por la Consejería de Sanidad, encabezada en estos momentos por Miguel Mínguez, al considerar que este documento iba en contra de sus intereses.
“Engañados, menospreciados y frustrados por el continuo maltrato al que están siendo sometidos por parte de la Generalitat Valenciana, con la que en su día colaboraron, confiando en sus palabras"
De este modo, el departamento de Sanidad valenciano presentó su impugnación el pasado 17 de diciembre de 2021. A pesar de lo cual, no se ha hecho público hasta ahora al haber sido admitida a trámite la denuncia. Lo curioso es que la impugnación se solicitó sólo dos días después de haberse producido la primera reunión entre las autoridades sanitarias y la Comisión Negociadora del nuevo convenio de actualización de las condiciones laborales. Este hecho ha suscitado un profundo malestar entre los profesionales sanitarios, pues acusan al presidente regional Ximo Puig de haberse sentido “engañados, menospreciados y frustrados por el continuo maltrato al que están siendo sometidos por parte de la Generalitat Valenciana, con la que en su día colaboraron, confiando en sus palabras, para que se produjese una reversión ordenada”.
Este descubrimiento público de la impugnación del convenio colectivo por parte de la Consejería sucede en un contexto de insatisfacción y reclamaciones sanitariasen diferentes CC.AA. No en vano, las manifestaciones y huelgas de profesionales sanitarios en defensa de la sanidad pública se han producido en casi todas las regiones españolas. Un ejemplo de ello ha sido la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a que el Sermas cuente con un 86% de personal fijo, eliminando progresivamente la eventualidad de la sanidad madrileña. De este modo, la consejería de Enrique Ruiz Escudero se ha fijado un 14% de eventualidad para el año 2024 y anunció que en 2022 adquirieron la condición de personal fijo en sanidad un total de 10.000 profesionales, a los que sumarán otras 22.390 durante 2023 y 2024.