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Sanidad no cumple con lo prometido

La sanidad privada apunta a la vía judicial para recibir la compensación por su labor en la pandemia

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha elaborado un informe de carácter jurídico dirigido a sus miembros para que adopten las medidas pertinentes ante el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

Carlos Rus, presidente de Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), durante su intervención en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Carlos Rus, presidente de Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), durante su intervención en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

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07.08.2020 - 17:45

La pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha situado a la sanidad privada en España al borde de un peligroso precipicio. Según los datos ofrecidos por la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE) que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, la decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas han generado un perjuicio inasumible para las clínicas.

Una difícil situación que se torna aún más complica ante el temor de una segunda ola del virus. “Con la situación económica que tenemos la sanidad privada lo va a pasar muy mal”, declara el presidente de ASPE Carlos Rus, ya que ahora mismo está en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios.

Ante esta fotografía y con el Ministerio de Sanidad sin ofrecer ningún tipo de respuesta en base a las peticiones de la sanidad privada española para contribuir a la viabilidad económica del sector, hecho al que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió a hacerlo en un plazo de 10 días ya transcurridos, sumado a la lenta negociación de las compensaciones económicas por parte de las comunidades autónomas por la labor de la privada durante la pandemia, el sector se ha visto obligado a poner el foco en la vía judicial.

Ahora mismo está en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios

Así lo ha confirmado a ConSalud.es Carlos Rus. Este afirma que desde ASPE se ha elaborado un informe dirigido a los miembros en el que se establece la base jurídica para que puedan comenzar a plantear las acciones legales pertinentes ante el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para poder recibir la compensación económica que les corresponde derivada de los servicios y apoyo prestados en durante la pandemia.

El presidente de ASPE especifica que estos pagos pueden realizarse a través de dos vías y atendiendo a dos conceptos. Aclara que son las comunidades autónomas las que deben asumir el pago del coste por la atención sanitaria a los pacientes con Covid-19, mientras los costes derivados de la puesta a disposición de los recursos de la sanidad privada corresponden al Ministerio de Sanidad.

En este sentido Rus explica a este medio que ASPE, como patronal, no puede interponer los litigios correspondientes ya que estas acciones recaen en manos de las clínicas privadas y los grupos hospitalarios ya que cuentan con la capacitación legal para hacerlo.

LA PASIVIDAD DEL MINISTERIO DE SANIDAD

En la última Comisión de Sanidad celebrada en el Congreso de los Diputados el ministro de Sanidad, Salvador Illa, expresaba que los recursos consumidos de la sanidad privada durante la pandemia deberían “ser compensados”. En este sentido cabe recordar que el 15 de marzo, tras la entrada en vigor del Estado de Alarma, la sanidad privada en su conjunto fue puesta bajo las órdenes de los consejeros autonómicos del ramo para hacer frente a la crisis sanitaria vivida por el país.

Son las comunidades autónomas las que deben asumir el pago del coste por la atención sanitaria a los pacientes con Covid-19, mientras los costes derivados de la puesta a disposición de los recursos de la sanidad privada corresponden al Ministerio de Sanidad

“Si se ha hecho un consumo de servicios de la sanidad privada habrá que llegar a un acuerdo y compensarlo. Esto no va de expropiar servicios. Otra cosa es que nos pidan un dinero que no les corresponde, porque aquí estamos de acuerdo en que todos los recursos tienen que ir en reforzar el sistema público", aseveraba en la Comisión Illa. Un asunto que continúa sin resolverse a pesar de que, a principios del mes de junio, el ministro y el presidente ASPE mantuvieron una reunión en la que Illa se comprometió a dar una respuesta rápida a la solicitud de ayudas de la sanidad privada.

“Le hemos explicado la situación a Sanidad y enviado informes de cómo está funcionando la privada en el resto de países europeos. Pero ha sido un tema que no se ha querido abordar, al igual que el modelo alemán, inglés y francés si lo han hecho antes incluso de que la privada se erigiera como necesaria”, explica en la entrevista concedida a ConSalud.es, Carlos Rus. Desde este medio nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad para abordar el tema y, a fecha de publicación de este artículo no se ha recibido respuesta alguna.

“La situación puede empeorar mucho más. La caída de actividad en los centros sin internamiento ha sido entre el 85-100% y en los centros hospitalarios, dependiendo de la zona, entre el 60-100%. Si vuelve a repetirse la situación vivido va a llevarse a muchos centros por delante”, asevera matizando que “no hemos recibido ningún tipo de ayuda”.

Un punto sobre el que detalla que la declaración de esencial no debe centrarse únicamente en la tipología de la actividad o servicio, sino que debe tener muy en cuenta la situación territorial. “Lo único que pedimos es que se solucione por parte del Gobierno y que no haya 17 negociaciones y criterios distintos ya que nos hemos encontrado con total falta de voluntad para buscar una solución”, expresa Rus.

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