La política sanitaria de este país permanece pendiente del pronunciamiento del TribunalConstitucional (TC) sobre recursos interpuestos por PP y Vox a normas especialmente relevantes como son la ley del aborto del 2010 o la de eutanasia del 2021. Además, aún quedan por resolver expedientes sobre varias normas relacionadas con la gestión de la Covid-19.
Para tomar estas decisiones, será importante con qué mayorías cuente este órgano jurisdiccional. Y, precisamente esta cuestión es la que motiva el desencuentro entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que toca después elegir al menos dos magistrados del Tribunal Constitucional.
La renovación pendiente del TC supondría que cambiase el actual equilibrio de fuerzas en el TC, de una mayoría conservadora a una mayoría progresista (siete a cinco)
Hace apenas unos días, el 12 de junio, caducó el mandato de cuatro magistrados del Constitucional. De ellos, dos tienen que ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. No obstante, el hecho de que el Consejo esté funciones impide que pueda efectuar nombramientos, a raíz de la modificación legal impulsada desde Moncloa. De esta forma, al no poderse hacer la renovación en bloque de estos cuatro miembros, tampoco pueden nombrarse los dos del Ejecutivo.
Esta paralización perjudica especialmente al Gobierno, ya que la renovación supondría que cambiase el actual equilibrio de fuerzas en el TC, de una mayoría conservadora a una mayoríaprogresista (siete a cinco). A pesar de que cada magistrado puede actuar como considere, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez se sentirían más tranquilos con un órgano con más jueces progresistas de cara a futuras sentencias sobre leyes sanitarias muy sensibles para ellos.
LEYES DEL ABORTO Y DE EUTANASIA
Uno de los recursos sobre los que se tiene que pronunciar el TC es el que interpuso el PP en 2010 sobre la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El expediente fue presentado por los populares hace ya 12 años, hecho que no impedirá que la sentencia tenga un importante efecto.
Aún así, la repercusión final dependerá de si la sentencia se produce antes de que entre en vigor la reciente reforma aprobada por el Gobierno actual, promovida por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad, que aún tiene que pasar por tramitación parlamentaria. En ella, se vuelve incluir la posibilidad de que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus tutores legales, opción que fue eliminada por el propio PP en la Ley 11/2015.
Desde el Gobierno temen que la mayoría conservadora del TC se manifieste en contra de la Ley de 2010 del aborto y de la ley de eutanasia, tras los recursos presentados por PP y Vox
Si la Ley propuesta por el actual Gobierno entra en vigor, desactivaría el recurso del PP sobre la norma de 2010. Aún así, desde Moncloa temen que esto no se produzca aún y que la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional se manifieste en contra de la ley de Zapatero. De igual forma podría pasar con la Ley de Eutanasia, que cuenta con dos recursos de PP y Vox y que podría ser tumbada por la parte conservadora.
Esta ley, que cumple ahora un año desde que entró en vigor, fue rechazada en las Cortes Generales por ambos partidos de derecha. La formación que dirige Santiago Abascal llegó incluso a presentar su recurso de inconstitucionalidad días antes (16 de junio de 2021) de que entrara en vigor de forma efectiva (25 de junio de 2021).
Por su parte, el pleno del TC admitió a trámite en septiembre de 2021 el recurso presentado por el PP. En él, alegaban que la norma vulneraba varios artículos de la Constitución Española, como el del derecho a la vida y a la dignidad de la persona. Y a pesar del cambio en la dirección popular, con la llegada de NúñezFeijóo, el partido continúa con esta línea.
QUE NO SE REPITA LO DE LA COVID-19
Precisamente, la mayoría conservadora que impera en la Corte constitucional podría estar detrás de la continua desautorización que el TC ha practicado sobre la estructuralegal que aprobó el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19.
El TC ya ha tumbado tanto el primero como el segundo estado de alarma y la reforma del Gobierno que dejó a juicio de los TSJ el aval de las restricciones sanitarias de las CC.AA.
Cabe recordar que ya tumbó tanto el primero como el segundo estado de alarma y, recientemente, la reforma que dejó a juicio de los TSJ el aval de las restricciones sanitarias impulsadas por las comunidades autónomas. En este contexto, y debido a la falta de acuerdo que mantiene con el Partido Popular, el Gobierno ha planteado nombrar por su cuenta a los dos magistrados que le corresponde.
Sobre esta cuestión, varios expertos en Derecho Constitucionalcompartieron con ConSalud.es su visión sobre la necesidad de aprobar una nueva jurídica o cambiar las actuales leyes sanitarias para que dieran cobertura legal a futuras situaciones de emergencia que pudieran producirse. Aún así, el Gobierno ha insistido en defender la actual legislación y actuaciones en relación a la Covid-19.
Al margen de ello, el Tribunal Constitucional aún tiene que resolver varios recursos sobre decretos relacionados con la gestión de la pandemia, algunos de ellos también presentados por Vox, y que representan actuaciones de las comunidades autónomas que tienen que ver con la vacunación obligatoria o la fijación de un régimen sancionador.