El Grupo Parlamentario Ciudadanos volverá a insistir en la Ley ELA en el Congreso de los Diputados. El miércoles de la próxima semana la portavoz parlamentaria del grupo, Inés Arrimadas, formulará al ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, una pregunta al respecto en la sesión de control al Gobierno.
Concretamente, como se ha informado desde el grupo naranja, Arrimadas cuestionará a Miñones si considera a los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) una prioridad para su Ministerio. No es la primera vez que se hace referencia a la ley que aborda esta enfermedad en el Congreso. De hecho, su puesta en marcha está suponiendo un largo camino y un sinfín de interpelaciones y referencias a la misma en el Congreso y el Senado.
Una ley que, de hecho, ya está aprobada desde hace más de un año. Debemos remontarnos al 9 de marzo del pasado año para recordar que, además, se admitió por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Esta Proposición de Ley impulsada por Ciudadanos pedía garantizar una vida digna a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde entonces, el texto continúa en tramitación y, según el grupo, "bloqueado por el Gobierno".
Arrimadas cuestionará a Miñones si considera a los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) una prioridad para su Ministerio
"Son numerosas las excusas que en los últimos meses los afectados por esta gravísima enfermedad han tenido que soportar por parte del Gobierno, que las cambia semanal o mensualmente", decía Arrimadas sobre esta paralización de la ley. "Sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados sin que, pudiendo desbloquearla, el Gobierno de España esté haciendo nada".
Desde el grupo se hace hincapié en los altísimos costes económicos que tiene esta enfermedad, más allás de las evidentes implicaciones que tiene en su salud y en la vida de los afectados. "Hablamos de un coste económico por paciente que puede llegar a los 20.000 euros al año, una cifra inasumible para la inmensa mayoría de familias que está provocando a miles de personas en España, pacientes de ELA, tener que elegir entre morir o arruinar a sus familias".
El motivo por el que su puesta en marcha aún no se ha hecho efectiva, según informa el Gobierno, es, desafortunadamente, una cuestión económica. El Ejecutivo achaca esta demora al elevado coste presupuestario para las arcas públicas de esta iniciativa. No obstante, esta consideración no es suficiente para el grupo. "Resulta indignante tener que asistir a esta excusa, cuando es conocido que para la aprobación de esta ley estaríamos hablando de una dotación presupuestaria de alrededor de los 200 millones de euros. Una cantidad que supone un esfuerzo de gasto muy pequeño en comparación con todo el Presupuesto del Estado, pero que para miles de enfermos de ELA y sus familias supone, literalmente, la vida".
En cualquier caso, será el ministro Miñones quien, la próxima semana, deba hacer frente a esta pregunta por parte de Ciudadanos y dar cuenta de las medidas que se tomarán (o no se tomarán) respecto a la puesta en marcha de la Ley ELA.
GESTACIÓN SUBROGADA
El Grupo Parlamentario ciudadanos también tiene previsto realizar una interpelación urgente al Gobierno sobre la regulación de la gestación subrogada, que se debatirá en el Pleno de la próxima semana. Esta también es una cuestión que el grupo viene demandando desde hace tiempo. No osbstante, esta práctica, más conocida como "vientre de alquiler" está prohibida en España.
La gestación subrogada consistiría esencialmente en que una mujer desarrolle el embarazo y proceda al parto para, después, renunciar a todos los derechos sobre el bebé y entregárselo a terceras personas. La Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, es la que regula esta práctica y prohíbe y anula cualquier tipo de contrato en el que se convenga la gestación “con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a cargo del contratante o de un tercero”.
Según la exposición de motivos de la interpelación de Ciudadanos, nuestro ordenamiento jurídico "no satisface" una de las exigencias básicas de todo Estado democrático de Derecho: "ofrecer cauces institucionales adecuados para que la libertad" de los ciudadanos se pueda hacer realidad, en consonancia con la riqueza con la que hoy se expresa. Según el grupo parlamentario "la gestación por sustitución constituye una realidad" tanto en España como en los países de nuestro entorno. Por tanto, ante esta nueva realidad, "la mejor solución, la más garantista, es regular, no es cerrar los ojos ni prohibir", asegura.