Lo que empezó en Cataluña en 1981, con el primer traspaso del Gobierno español de la gestión de la sanidad pública a una comunidad autónoma, se culminó en 2002 con la descentralización sanitaria completa en el conjunto autonómico. Desde entonces, no han sido pocas las disputas entre Ministerio de Sanidad y Gobierno, por un lado, y Comunidades Autónomas, por otro, en torno a la gestión de esta competencia, las cuales se han repetido en varias ocasiones durante 2017.
Una de las problemáticas más sonadas, que está pendiente de resolver, es la que rodea al reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el máximo órgano de decisión en materia sanitaria entre CC.AA. y Gobierno. Durante este año que acaba, unos y otros no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cambiar las normas con el fin de que sea más vinculante lo que allí se decida.
Mientras Dolors Montserrat apuesta por alcanzar un "acuerdo unánime" sobre el nuevo reglamento Interterritorial, las consejerías del PSOE, junto a la del País Vasco, afirman que no cederán competencias
A pesar de que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró en el último Interterritorial de noviembre que el objetivo es alcanzar un “acuerdo unánime” entre las partes, las consejerías socialistas no quieren ceder ni un centímetro en esta materia y se niegan a que el Ministerio de Sanidad tenga mayor poder en las respectivas votaciones.
A esta posición que defienden las consejerías sanitarias del PSOE se suma la visión de Jon Darpón, consejero vasco de Salud, quizás el más crítico sobre este asunto ya que defiende que no aceptarán “ninguna modificación del reglamento que suponga la modificación de nuestras competencias”. Darpón en este caso afirma que no cederán “a un Ministerio cuyos ministros duran una media de 23 meses en el cargo” y que sobre la gestión del día “nadie nos tiene que explicar nada”.
UNIVERSALIDAD, 35 HORAS Y COPAGO
Otras polémicas surgidas durante el 2017, sobre la competencia en materia sanitaria, han estado arbitradas por los tribunales de justicia, que han entendido como inconstitucionales diferentes normativas autonómicas que tenían intención de devolver derechos a pacientes o profesionales a raíz de normas del Gobierno.
El País Vasco mantiene litigios judiciales con el Gobierno a raíz de medidas que garantizan el acceso universal a la asistencia sanitaria y sobre ayudas para paliar el copago farmacéutico
Es el caso, por ejemplo, del acceso universal a la asistencia sanitaria, derecho restringido por el RD 16/2012 a personas extranjeras en situación administrativa irregular. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha estimado los recursos del Gobierno a dos normas del País VascoylaComunidad Valenciana que trataban de asegurar dicha asistencia. Tras los dictámenes de la justicia, estas autonomías afirman que buscarán una normativa alternativa para continuar con ella.
Sobre la jornada laboral para los profesionales sanitarios también rodea la controversia. El Gobierno defiende que se deben mantener las 37,5 horas semanales, mientras que otras como Andalucía o Castilla-La Mancha mantienen litigios judiciales para reducirla hasta las 35 horas. La primera de ellas prevé ratificar un acuerdo para contrarrestar la decisión del TC que la había tumbado.
Además, el copago farmacéutico para los pensionistas y los colectivos más desfavorecidos es otra de las disputas actuales. Debido a que la ministra de Sanidad afirmó que se iba a mantener “tal y como está”, algunas consejerías como las del País Vasco, Navarra, Baleares o la Comunidad Valenciana aprobaron ayudas y fondos para el copago de medicamentos. Sin embargo, las del País Vasco han sido suspendidas por el TC.