El Plan Anual Normativo 2024 incluye cuatro de las grandes leyes que el Ministerio de Sanidad querría sacar adelante durante este año. La reforma del Estatuto Marco, el blindaje de la Sanidad pública, la protección de los menores frente al alcohol, o la ley de garantías y uso racional de los medicamentos estarían en el punto de mira de este departamento. No obstante, cabe destacar que Sanidad también participa en la creación de los reales decretos de otros ministerios.
Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que quiere poner en marcha un RD al respecto de la publicidad en alimentos y bebidas no saludables. Concretamente, Sanidad deberá apoyar al ministerio de Pablo Bustinduy a establecer normas relativas a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores.
Con ello, se pretende reducir la exposición de los menores a la publicidad de alimentos altos en grasas, azúcares y sal y contribuir así a la reducción de las tasas de obesidad infantil. De hecho, este mismo lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado su voluntad de buscar el apoyo de los ministerios de Infancia y Juventud y de Derechos Sociales, para poner el foco en la obesidad infantil en escuelas de barrios vulnerables.
Se trataría de otro RD centrado exclusivamente en la alimentación de centros escolares
Concretamente, ha explicado que pretende "detectar aquellos coles, en lugares más desfavorecidos, donde los niños y niñas son más vulnerables y hacer intervenciones como abrir los patios a extraescolares en las que puedan, no solamente hacer deporte, también hacer actividades culturales de ocio y alimentación saludable". Se trataría de otro RD centrado exclusivamente en la alimentación de centros escolares. También con el ministerio de Derechos Sociales, Sanidad llevará a cabo un RD sobre controles oficiales en el ámbito de la cadena alimentaria.
El departamento de García también luchará, junto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por un RD que compense a las víctimas del amianto. En este caso, la norma regularía los beneficiarios, requisitos y el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la compensación económica para las víctimas del amianto, previsto por la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
Por otro lado, y junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, se quiere poner el foco en la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito del trabajo. Concretamente, se trata también de un Real Decreto por el que se modificaría otro RD al respecto de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a estos agentes.
También se quiere poner el foco en la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito del trabajo
El objetivo en este caso es incorporar al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2022. Estas directivas amplían el ámbito de aplicación de la regulación, incluyendo la protección frente a los agentes reprotóxicos, y actualizan los valores límite para el benceno y nuevos agentes.
Finalmente, tendríamos una colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, capitaneado por Teresa Ribera, y con el que Sanidad ya ha colaborado anteriormente a la hora de llevar a cabo asuntos relacionados con la salud y el medio ambiente. Ejemplo de ello sería la creación del nuevo Observatorio de Salud y Cambio Climático. En este caso, se trataría de un RD sobre la reutilización del agua.
Así, se quiere regular el reglamento de reutilización de las aguas, más concretamente de la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 20 de julio (TRLA), con una clara orientación al fomento de la reutilización del agua, con el objetivo prioritario de sustituir recursos hídricos de otro origen en usos ya existentes. También complementa las previsiones del Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de mayo de 2020.