PGE 2023: Listas de espera, Primaria, ELA o financiación, en las enmiendas a la totalidad

Siete formaciones políticas han registrado enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En ellas, aluden a razones sanitarias para devolver las cuentas al Gobierno.

Pleno del Congreso de los Diputados (Foto: Congreso)

El Congreso de los Diputados celebra esta semana el debate de totalidad sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados por el Gobierno de coalición para el 2023. En esta ocasión, han sido siete los partidos políticos que han registrado enmiendas y en algunas de ellas dan razones sanitarias para que las cuentas públicas sean diseñadas de nuevo.

El PartidoPopular se centra en denunciar que estos PGE están basados en unas previsiones económicas que han sido contrapuestas por organismos como la AIReF o el Banco de España. Al margen de ello, los populares entran directamente en el debate fiscal, y denuncian que “el mismo Gobierno que dice que hay que subir impuestos, porque si no desaparece la sanidad” aumenta el gasto corriente “en los 22 ministerios”, en vez de en reforzar la AtenciónPrimaria “que nos protege a todos”.

El PP reclama un mayor refuerzo de la Atención Primaria; y Vox que las cuentas públicas sirvan para "paliar las listas de esperas o la inequidad en el acceso a los servicios sanitarios"

Más incisivos se muestran desde Vox. Esta formación critica que los “niveles récord de recaudación” que se están registrando no se reproducen en “una correlativa mejora de los servicios públicos”, como la sanidad y a pesar de haber sido “duramente golpeada” durante la pandemia del Covid-19 y contar con “una escasez notable de personal”.

En esta línea, aventuran que pese a que el gasto en Sanidad ha incrementado, este “se destinará en su mayor parte a las regiones” y no a “paliar los problemas más graves que aquejan al Sistema Nacional de Salud, como las listasdeespera o la inequidad en el acceso de los servicios”. En relación a este último punto, reclaman que el fortalecimiento del mediorural debe implicar también “el refuerzo de los centros sanitarios”.

C’S: PRIMARIA, TARJETA SANITARIA Y ELA

De las siete enmiendas presentadas, el partido que más razones sanitarias ha aportado para rechazar los PGE ha sido Ciudadanos. De primeras, lamentan que pese a la reciente situación del Covid-19, estas cuentas “apenas incluyen reformas de calado en nuestro SNS”.

Como medidas particulares, reclaman más financiación para “reforzar los sistemas de prevención y alerta temprana ante emergencias sanitarias” o “dotar de recursos económicos y humanos la Atención Primaria”. Además, exigen que se ponga en marcha la Tarjeta Sanitaria Única “para evitar diferencias en el acceso a la Sanidad dependiendo del territorio donde se reside” o que se garantice “la libertad de elección de centro sanitario”.

Cs pide más financiación para los sistemas de prevención y alerta temprana, que se garantice la libertad de elección de centro sanitario y que se desbloquee la Ley de ELA

Por otro lado, se explayan aún más en el punto relacionado con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). De partida, siguen acusando al Gobierno mantener “bloqueada” la ley que presentó esta formación para conceder ayudas a los enfermos de ELA y mejorar su calidad de vida. Asimismo, apuntan que en estos PGE “falta financiación” para “garantizar un acceso sin restricciones a medicamentos para el tratamiento de enfermedades raras como la Atrofia Muscular Espinal (AME)”.

QUEJAS POR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Junto a estas quejas por las partidas sanitarias, otros partidos añaden críticas por el retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica. Es el caso de ForoAsturias, que subraya que esta actuación es “fundamental para la atención territorializada de la sanidad” y advierte de que su falta de renovación “repercute negativamente sobre los servicios públicos esenciales”.

Por su parte, la CUP ha lamentado en su enmienda que mientras que la pandemia “nos evidenció que en situaciones de crisis quien ayuda a la población no es el mercado, sino lo público”, refiriéndose a la capacidad del Estado de garantizar el derecho a la sanidad, en estos PGE “falta políticas contundentes” para ello.

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