Desde que se dieron a conocer las primeras líneas del proyecto de Ley sobre Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el Ministerio de Sanidad, las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos ha ido incrementado. Y, más allá de solucionar estos desacuerdos, la relación entre los socios de Gobierno en lo que respecta al área sanitaria está más en crisis que nunca.
Será esta semana, con el debate sobre enmiendas a la totalidad de la Ley de Equidad, cuando se compruebe si los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo son capaces de salvar sus diferencias. Por lo pronto, la formación morada ha lanzado un ultimátum a los socialistas para negociar un acuerdo antes de la votación del jueves, avanzado que “no está garantizado” su rechazo las enmiendas a la totalidad si no llega ese pacto.
La formación morada quiere aclarar en el texto propuesto por Sanidad las excepciones a las que se podrán acoger las comunidades autónomas para recurrir a la externalización de servicios sanitarios
Según han confirmado fuentes parlamentarias a ConSalud.es, Unidas Podemos ha remitido al PSOE sus enmiendas al articulado “para que las puedan estudiar”. El fondo de la discusión, como ya es sabido, es la petición del partido que dirige Ione Belarra de clarificar en el texto propuesto por el Ministerio de Sanidad las excepciones a las que se podrán acoger las comunidades autónomas para recurrir a la externalización de servicios sanitarios, contando así con el apoyo de la sanidad privada.
Desde Unidas Podemos critican que la anunciada derogación de la Ley 15/1997 solo se realiza “en el plano formal, no en el material”. En concreto, reprochan que mientras la ley impulsada por Carolina Darias “establece que solamente se podrán externalizar servicios en situaciones excepcionales” creen que “la definición concreta de excepcionalidad permite que cualquier comunidad autónoma pueda seguir privatizando el sistema con la misma libertad que la que tiene en estos momentos”.
Por todo ello, Rosa Medel, portavoz de Sanidad de UnidasPodemos en el Congreso, ha avanzado que “si no tenemos garantía real de que se revierte el camino de la privatización, no podemos apoyar esta ley”. Tras este anuncio, este medio ha preguntado al grupo parlamentario del PSOE por una valoración pero en el momento de la publicación de esta noticia no ha recibido una respuesta.
EXTERNALIZACIÓN POR “URGENTE NECESIDAD”
En total, el grupo parlamentario confederal Unidas Podemos-En Comú Podemo-Galicia en Común ha registrado 11 enmiendas al articulado para modificar la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS. Buena parte de estas propuestas, a las que ha tenido acceso ConSalud.es, incluyen sus sugerencias para limitar la privatización sanitaria o llevar a cabo procesos de reversión.
En cuanto a la primera cuestión, la que más conflicto ha despertado, la formación morada propone que únicamente “de forma excepcional y justificada en razones de extraordinaria y urgente necesidad” se puedan establecer conciertos sanitarios con la sanidad privada. En este caso, el texto del Ministerio de Sanidad planteaba que se pudieran hacer “de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente”.
Unidas Podemos plantea que las externalizaciones se ajusten "al tiempo estrictamente necesario", que no superen el año de duración y que no se pueda prorrogar
Aún así, señalan unos “requisitos” para que dicha derivación se produzca. Por ejemplo, que la externalización se ajuste “al tiempo estrictamente necesario”, sin superar el “año de duración”. Además, piden que la gestión indirecta que se preste no pueda ser prorrogada y que “en ningún caso” afecte al “servicio de asistencia sanitaria integral” que tenga “carácter estructural” en un territorio ni tampoco a centros permanentes como “hospitales, centros de asistencia ambulatoria o centros de atención primaria”.
Al mismo tiempo, demandan que las administraciones públicas sanitarias no puedan “colaborar, concertar ni adjudicar” bajo cualquier fórmula de contratación pública “servicios sanitarios públicos a aquellas entidades sanitarias privadas que empleen a personalsanitario que simultáneamente se encuentre prestando servicios para el sector público sanitario de gestión directa”.
Igualmente, desde Unidas Podemos quieren añadir un nuevo artículo a la ley para marcar “una vía legal y clara para revertir las privatizaciones”. Por ejemplo, sugieren que las comunidades autónomas puedan impulsar procesos de desprivatización de cualquier servicio, que estas publiquen “información accesible y comprensible” de las modalidades de gestión empleadas y que el Consejo Interterritorial pueda “emitir recomendaciones” al respecto.
EQUIDAD, RATIOS Y DERECHOS
Al margen de la cuestión relacionada con la privatización, el partido morado ha presentado enmiendas sobre otros asuntos. Por ejemplo, piden que la ley haga “referencia directa” a que la equidad entre las comunidades autónomas para proteger la salud de la población esté “supervisada por la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del SNS”, algo que ya recoge la Ley 16/2003 de Cohesión.
Plantean que se añada a la Ley General de Sanidad unos "objetivos de ratios de asistencia a pacientes equiparables entre los centros propios de los servicios públicos de salud y centros privados"
Por otro lado, demandan un cambio en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad para que se fije el “establecimiento de objetivos de ratios de asistencia a pacientes equiparables entre los centros propios de los servicios públicos de salud y centros privados que prestan el servicio público de salud”. El objetivo sería incorporar “criterios de distribución equitativa de carga de trabajo” en todos los centros.
Junto a ello, también reclaman que se garantice la universalidad “sin excepciones” del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, también a aquellos “españoles de origen con residencia en el exterior” y a colectivos de extranjeros de especial vulnerabilidad como “todos los menores, mujeres embarazadas, apátridas o personas con enfermedades crónicas”. Finalmente, exigen que en el listado de servicios que presta la cartera común de servicios del SNS se mencionen los derechos “a la eutanasia” y “a la interrupción voluntaria del embarazo”.