En marzo de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró a José Miñones como nuevo ministro de Sanidad; un político gallego de 51 años, que fue delegado del Gobierno en Galicia y alcalde de Ames. Su nombramiento fue recibido con cierta sorpresa, ya que no tenía experiencia previa en el ámbito sanitario, aunque es farmacéutico de formación.
En los meses que lleva en el cargo, Miñones ha demostrado que es un ministro competente y comprometido con la sanidad pública. Su gestión ha estado marcada por la continuidad del trabajo realizado por su antecesora, Carolina Darias, en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Bajo su liderazgo, España ha sido uno de los países europeos con mayor tasa de vacunación, lo que ha contribuido a controlar la pandemia y a salvar vidas.
Además de la pandemia, Miñones ha abordado, junto con el Consejo Interterritorial, otros retos importantes para la sanidad española, tales como el incremento de nuevas plazas de especialistas, la mejora de la atención primaria, la salud mental y la cronicidad, entre otras.
Con un talante dialogante y cercano, la gestión de Miñones como ministro de Sanidad en estos meses ha sido bien recibida por la mayoría de los interlocutores implicados en el Sistema Sanitario. Los profesionales de la salud han valorado su compromiso con la atención a los pacientes y su apuesta por la mejora de las condiciones laborales. Las asociaciones de pacientes han destacado su sensibilidad con las necesidades de las personas con enfermedades crónicas y la industria farmacéutica ha valorado muy positivamente su compromiso para acelerar el acceso a las innovaciones terapéuticas y aprobación de nuevos medicamentos, especialmente para las enfermedades oncológicas.
"Con un talante dialogante y cercano, la gestión de Miñones como ministro de Sanidad en estos meses ha sido bien recibida por la mayoría de los interlocutores implicados en el Sistema Sanitario"
Pero lo más importante de la gestión de Miñones está todavía por llegar. España es un país prioritario en el entorno europeo y la sanidad debe ser un área estratégica para el Gobierno Español. Nadie entendería que en el acuerdo entre el PSOE y Sumar, para formar el nuevo gobierno, ministerios estratégicos como el de Exteriores, Defensa, Hacienda, Economía o Interior, los gestionara su socio de investidura y no el partido mayoritario de gobierno, que en este caso es el PSOE. Esto mismo debe suceder con el Ministerio de Sanidad que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto su importancia.
En el futuro, la sanidad seguirá siendo un ministerio estratégico. El envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la aparición de nuevas enfermedades son algunos de los desafíos para el sistema sanitario. El Gobierno de España tendrá que seguir trabajando para garantizar una atención sanitaria de calidad a todos los ciudadanos, contar con todos los medios a su alcance y con todos los actores que forman la sanidad en nuestro país, incluidas las empresas privadas.
Es por ello, por lo que se requerirá sensibilidad, capacidad de negociación, compromiso, experiencia y una visión clara de los retos futuros que tiene España en el área sanitaria para que estos desafíos se puedan traducir en beneficio para toda la población.
En el ámbito de la colaboración público-privada hay muchos aspectos donde el actual Ministerio de Sanidad ve muy positiva su continuidad. Uno de ellos es Muface como prestación complementaria al SNS. El Ministerio considera que Muface es un servicio esencial para los funcionarios públicos y sus familias, ya que les proporciona una cobertura sanitaria adicional a la que les ofrece el Sistema Nacional de Salud. Además, la gran mayoría de los funcionarios prefieren seguir con este sistema que integrarse en el SNS y perder estos beneficios.
"El Gobierno de España tendrá que seguir trabajando para garantizar una atención sanitaria de calidad a todos los ciudadanos, contar con todos los medios a su alcance y con todos los actores que forman la sanidad en nuestro país, incluidas las empresas privadas"
Sin embargo, hay algunos sectores que se oponen a su continuidad, especialmente los actuales socios del Gobierno que lo consideran un sistema elitista que discrimina a los ciudadanos que no son funcionarios públicos. Además, consideran que Muface es un gasto innecesario, ya que los funcionarios públicos ya tienen una cobertura sanitaria garantizada por el SNS. Afirmación que no se corresponde con todos los análisis realizados por los especialistas que consideran que si Muface desapareciera los costes para el estado se dispararían y lo que es peor, se produciría una saturación de los servicios sanitarios públicos, especialmente en aquellas Comunidades Autónomas donde hay mayor número de funcionarios, con riesgo real de colapsar el Sistema Sanitario.
Pero seguramente uno de los aspectos que más preocupa al actual Gobierno es la gestión de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), una iniciativa de la Unión Europea para apoyar la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Estos proyectos se centran en sectores estratégicos para la competitividad europea, como la transición verde, la digitalización y la cohesión social.
Los PERTE son financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un fondo de 750.000 millones de euros creado por la UE para apoyar la recuperación de los países miembros tras la pandemia. El MRR se financia con préstamos y subvenciones de la UE, y los Estados miembros son responsables de su ejecución.
En el ámbito sanitario, los PERTE tienen como objetivo modernizar el sistema sanitario español y convertirlo en un sistema más sostenible, eficiente y equitativo que están dotados con 12.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones serán aportados por la UE y 5.000 millones por los Estados miembros. Es un proyecto ambicioso que tiene el potencial de transformar el sistema sanitario español. Sin embargo, también presenta una serie de retos, como la coordinación entre las diferentes administraciones, la participación de las empresas y los ciudadanos, por lo que no se puede dejar en manos de aquellos que no creen en la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.