Aval a la colaboración público-privada en Sanidad pero con concreción de criterios

El Consejo Económico y Social (CES) dictamina a favor de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS, pero pide más concreción en el apartado de las formas de gestión sanitaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas (Foto: Pool Moncloa)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas (Foto: Pool Moncloa)

El Consejo Económico y Social (CES) ha publicado este jueves el dictamen sobre el anteproyecto de Ley impulsado por el Ministerio de Sanidad sobre Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este órgano consultivo del Gobierno ha valorado favorablemente las líneas generales del texto, aunque ha añadido objeciones en asuntos como las formas de gestión sanitaria.

En el documento, este organismo subraya que el objetivoprincipal de la gestiónsanitaria “debe ser la mejora de la salud de la población y la reducción de los desequilibrios sociales y territoriales, debiendo guiarse por sus resultados en este terreno”. En este sentido, aunque no de forma expresa, avala que se priorice la gestión pública directa de los centros sanitarios, pero también que se mantenga el “carácter excepcional” de recurrir a un concierto si no es posible lo anterior.

El CES cree que hay una "excesiva indeterminación" en su redacción y una "escasa precisión de los criterios que las administraciones deberán motivar para, excepcionalmente, establecer conciertos"

Sin embargo, esta validación de la colaboración público-privada en Sanidad viene con precisiones. El órgano que preside AntónCostas considera que la redacción de este artículo “puede resultar excesivamenteindeterminada”, poniendo de ejemplo la “escasa precisión de los criterios que las administraciones públicas deberán motivar para, excepcionalmente, establecer conciertos”.

Por este motivo, y con el fin de “evitar disparidad de interpretaciones sobre su alcance que podrían afectar a la equidad de la ciudadanía en el acceso al derecho así como a la unidad de mercado”, desde el CES consideran que “convendría avanzar en su concreción”. Para ello, plantean que sean los servicios de salud autonómicos, en el marco del ConsejoInterterritorial donde hagan estas concreciones.

Por otro lado, este órgano consultivo indica al Ministerio de Sanidad que en el texto debería especificarse cómo afectará la Ley una vez entre en vigor “a los acuerdos, conciertos y contratos ya en vigor”. Por su parte, el CES no se pronuncia sobre el conflicto que mantienen el PSOE y Unidas Podemos sobre la posible derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión del SNS.

MÁS “CULTURA EVALUATIVA”

Relacionado con este asunto, este organismo sostiene que en los últimos 25 años “se ha carecido hasta ahora de un sistema de evaluación de resultados en salud de las distintas fórmulas de gestión, tanto pública directa como público-privada”. Abogan porque este se base “en la evidencia y con arreglo a indicadores comunes y homogéneos, para facilitar la toma de decisiones y la utilización adecuada de los recursos públicos”.

El CES estima “positivamente” los avances del texto para ampliar los colectivos beneficiarios de la asistencia sanitaria universal

Por esta razón, valoran “positivamente” que se avance “en la cultura evaluativa” que recoge el Anteproyecto de Ley. No obstante, creen que al margen de ello debe impulsarse la “efectiva aplicación” de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con el fin de blindar “la buena gobernanza del sistema, la mejora de la gestión y la rendición de cuentas”.

“SÍ” A AMPLIAR LA UNIVERSALIDAD

En el dictamen, valoran el “cambio de línea” que supuso el RD 7/2018 en cuanto a avances del concepto de universalidad de la asistencia sanitaria “respecto a las medidas restrictivas introducidas por el RD 16/2012”. Sin embargo, coinciden en que “el objetivo de la cobertura universal no quedó del todo satisfecho”.

En concreto, desde el CES estiman “positivamente” los avances del texto para incluir a colectivos como “las personas de origen español residiendo fuera de España, en sus desplazamientos temporales a nuestro país, a las personas ascendientes reagrupadas por un titular de derecho a la asistencia o las personas extranjeras no titulares de derecho”.

Este órgano consultivo también respalda la organización de los servicios que presta el SNS en base a una única cartera común como "garante de la equidad en el acceso"

Desde esta institución van incluso más allá y piden que también se asegure la cobertura “a las personas descendientes mayores de 26 años a cargo de personas de nacionalidad española residentes en el extranjero temporalmente desplazadas a España” al entender que esta exclusión “no se encuentra motivada”.

CARTERA ÚNICA

Por otro lado, el Consejo Económico y Social también respalda la idea de organizar los servicios prestados por el SNS “con arreglo a una única cartera común” al considerar que representa una “herramienta para garantizar la equidad en el acceso a los servicios del SNS, recordando la necesidad de asegurar la suficiencia de los recursos del sistema”.

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