Illa y su año de pandemia: de máxima autoridad en Sanidad a ser cuestionado por la justicia

El exministro de Sanidad presenta su libro en el que cuenta su gestión de la pandemia del Covid-19. En ConSalud.es analizamos esta etapa, llena de decisiones cruciales que posteriormente han sido puestas en duda.

Salvador Illa, ministro de Sanidad (Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa)

Salvador Illa presenta este miércoles en la Casa de América de Madrid su libro ‘El año de la pandemia: del Estado de alarma al inicio de la vacunación’, sus memorias personales sobre su etapa al frente del Ministerio de Sanidad en el que asumió la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19. Aprovechando este acontecimiento, en ConSalud.es analizamos dicha etapa.

Poco después de llegar al Gobierno de coalición, sustituyendo a Luisa Carcedo y con un Ministerio de Sanidad que se dividió en tres departamentos, Illa y su equipo tuvieron que fijar la atención en la Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 descubierto en Wuhan (China).

El exministro se convirtió en la principal autoridad competente delegada del Gobierno para gestionar la crisis del Covid-19, por delante de los titulares de Defensa o de Interior

Tras los primeros casos diagnosticados en España, los contagios incrementaron de forma exponencial a nivel nacional y mundial, tanto que el alto volumen de transmisión llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la pandemia internacional y al Gobierno a establecer el estado de alarma.

Desde ese momento, el ministro se convirtió en la principal autoridad competente delegada del Gobierno para gestionar la pandemia, por delante de Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y José Luis Ábalos (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). De esta forma, Illa asumiría la centralización de las decisiones sobre el SNS aunque se mantendría la gestión por parte de las comunidades autónomas.

La gravedad de la situación, con un aumento importante de contagios, de ingresos hospitalarios y de muertes, así como la relevancia de decisiones como el estricto confinamiento domiciliario obligó al titular de Sanidad a reunirse de forma telemática y en multitud de ocasiones con los consejeros sanitarios autonómicos a través del Consejo Interterritorial. Además, regularmente daba explicaciones ante la Comisión de Sanidad del Congreso.

PRIMEROS FALLOS Y CRÍTICAS

Fue en estos espacios donde Salvador Illa comenzó a recibir las primeras críticas por su gestión. La compra de material y de test de detección fallidos o el retraso en la llegada de EPI’s y mascarillas para los profesionales sanitarios propiciaron el desencanto de parte de la oposición y de algunas comunidades autónomas. Esta situación incluso provocó la denuncia de diferentes colectivos, causas que en su mayoría fueron inadmitidas por el Tribunal Supremo.

La falta de transparencia, la compra de material sanitario fallido o las debilidades de la cogobernanza persiguieron a Illa desde el inicio de la pandemia

En la misma línea, también estuvo en el foco por la falta de transparencia que se produjo durante el proceso de desescalada, ya que no se dieron a conocer los miembros del comité de expertos que ayudaban al Ministerio de Sanidad. Posteriormente, tras una reclamación del Consejo de Transparencia, se confirmó que estas personas eran técnicos del departamento ministerial, liderados por el director del CCAES, Fernando Simón.

Por otra parte, también fueron numerosas las voces que consideraban que el sistema de “cogobernanza” fijado entre el Gobierno y las comunidades autónomas no había funcionado como se esperaba. Tras el fin del estado de alarma, se cedió a las autonomías la posibilidad de endurecer las medidas otorgando a los presidentes regionales la potestad de convertirse en autoridades competentes. Sin embargo, algunas de ellas han considerado que al Ministerio de Sanidad le faltó liderazgo.

OLAS DE COVID-19 Y CONFLICTO CON MADRID

Esta diversidad de medidas y actuaciones se multiplicó durante el verano de 2020 ante la llegada anticipada de la segunda ola epidémica. El mayor punto de conflicto llegó en septiembre de ese año, cuando el Ejecutivo central anunció la declaración de un estado de alarma particular para las ciudades de la Comunidad de Madrid más pobladas y con más incidencia, lo que provocó el rechazo del Gobierno regional y de parte de la oposición política.

En este periodo también fue noticia el Ministerio de Sanidad por el retraso en la conformación de la reserva estratégica de material sanitario. Tras varios anuncios, el Acuerdo Marco se publicó en agosto pero se retrasó ante la dificultad que generaba a empresas españoles para adherirse al mismo. Finalmente, no fue hasta finales de noviembre cuando, en dos tandas, se adjudicaron los distintos lotes de material.

Tanto el plan de vacunación como el sistema de cogobernanza despertaron críticas; algunas autonomías y parte de la oposición consideraban que hubo "falta de liderazgo"

Antes, en septiembre, se comenzó a planificar el Plan de Vacunación frente a la Covid-19, junto con las comunidades autónomas. En el marco del acuerdo de la Comisión Europea para adquirir hasta siete posibles vacunas diferentes, el Consejo de Ministros fue firmando contratos de compra mientras que Salvador Illa y Pedro Sánchez iban anunciando diferentes fechas del inicio de la vacunación.

Con la esperanza de la llegada de las vacunas en la mente, otra asunto marcó la preocupación sanitaria: la Navidad. Para ello, el ministro pactó con los consejeros un plan con medidas globales de restricción, documento que tuvo que actualizarse apenas dos semanas después ante el incremento de la incidencia. De nuevo, cada región hizo lo que creía más conveniente, mientras Sanidad ofrecía “apoyo” a estas decisiones. No obstante, poco después se inició la tercera ola epidémica.

VACUNACIÓN Y SALIDA DEL MINISTERIO

En España, al igual que en el conjunto de la Unión Europea, se empezaron a administrar las primeras vacunas el 27 de diciembre. La previsión compartida por Illa fue la de tener inmunizada a 15-20 millones de españoles entre mayo y junio y en torno al 70% de la población en verano. Este objetivo finalmente se cumplió, a pesar de la lentitud con la que avanzó la campaña durante las primeras semanas y meses.

Los mecanismos creados por el Gobierno para gestionar la pandemia fueron tumbados por la justicia; así ocurrió tanto con el primer estado de alarma como con el segundo

Justo en ese momento, fue cuando se dio a conocer que Salvador Illa sería el candidato del PSC para presidir la Generalitat de Cataluña. En medio de una pandemia y con el proceso de vacunación iniciado, la oposición y algunas comunidades pidieron su cese inmediato al entender que no podía ocuparse de ambas cuestiones al mismo tiempo. Finalmente, aguantó hasta el día en el que se inició la campaña electoral.

CUESTIONADO POR LA JUSTICIA

Una vez se marchó al Parlament catalán, Illa continuó en el foco de la actualidad sanitaria pero por cuestiones judiciales. Principalmente porque los mecanismos creados por el Gobierno para gestionar la pandemia, fueron tumbados por el Tribunal Constitucional. Así ocurrió tanto con el primer estado de alarma, que declaró inconstitucional el confinamiento general, como el segundo, donde se rechazaba su duración y la delegación de competencias en las comunidades autónomas.

Pese a ello, tanto Illa como el Gobierno en conjunto defendieron sus actuaciones. El exministro de Sanidad puso en valor que "en aquel momento, se hizo lo que se tenía que hacer" que era "actuar para salvar vidas". Además, recordó que el primer estado de alarma se aprobó en el Congreso sin “un solo voto en contra”, cargando así contra la oposición: “los que los lunes aciertan la quiniela de los domingos, que revisen lo que decían”.

Del mismo modo, el político catalán cuenta con una causa abierta por la compra de un lote de mascarillas defectuosas durante la primera etapa de la pandemia y tras la denuncia presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Hace pocos meses, el TSJ de Cataluña asumió la investigación después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias contra él.

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